Ángel de La Fuente, en un informe publicado por Fedea, analiza los efectos de la última reforma del sistema público de pensiones en España. Según su perspectiva, la reforma podría provocar un aumento significativo del déficit en los próximos años, alcanzando hasta un 4,3% del PIB anualmente hacia 2050. Cubrir este déficit con los ingresos generales del Estado o a través de la emisión de deuda pública podría reducir la capacidad de financiar otras áreas del gasto público, como la sanidad o los servicios para la dependencia.
Principales medidas de la reforma propuestas por el Gobierno:
Nuevo cálculo de la pensión inicial: Durante un periodo transitorio de 20 años, los trabajadores podrán elegir entre el sistema actual, donde la base reguladora de la pensión se calcula con la media de los salarios actualizados por inflación de los últimos 25 años de actividad, y un cálculo alternativo (que será obligatorio al final del periodo transitorio). En este nuevo modelo, se ampliará el periodo de cómputo a 29 años, y se descartarán los 24 meses con la menor base de cotización. Según el informe de Fedea, esta medida podría incrementar el gasto en relación con el modelo actual, ya que aquellos que logren una pensión mayor con este nuevo sistema serán los que opten por él.
undefined El "destope" de las cotizaciones sociales: Se prevé una subida gradual de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2024 y 2050, que podría aumentar un 38% en este periodo. Este aumento estará acompañado de una casi congelación de las pensiones máximas, que solo subirán un 3,15% en el mismo período. Fedea estima que, con la implementación total de esta medida en 2050, la pensión máxima se reducirá de casi el 80% al menos del 60% de la base máxima de cotización, lo que supondrá una disminución considerable del componente contributivo del sistema. En cuanto a la recaudación, se espera un incremento de hasta un 0,40% del PIB por cotizaciones sociales.
Introducción de una cuota de solidaridad sobre las rentas más altas: Esta medida gravará los salarios que superen la base máxima de cotización con un tipo que aumentará gradualmente hasta alcanzar el 6%. Se estima que esta medida podría generar una recaudación equivalente al 0,09% del PIB.
Endurecimiento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): Se propone una subida escalonada de la cotización extraordinaria vinculada al MEI, pasando de 0,6 a 1,2 puntos porcentuales. Esta subida se mantendría hasta al menos 2050, en lugar de solo durante los diez años inicialmente previstos. Este aumento afectará a toda la renta salarial por debajo de la base máxima de cotización, lo que otorgará a este instrumento una capacidad de recaudación superior a las medidas anteriores. Fedea calcula que el impacto de esta medida podría llegar a ser del 0,40% del PIB una vez se aplique el tipo máximo previsto.
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Según el informe, la combinación de estas nuevas medidas con las aprobadas previamente (como la indexación anual de las pensiones al IPC y las reformas para retrasar la edad de jubilación) ayudaría a reducir en un 1,2% del PIB el déficit proyectado para 2050. Este déficit, sin las nuevas reformas, se situaría en un 5,5% del PIB, principalmente debido al déficit existente desde 2019 y al impacto de la indexación anual de las pensiones.
