Propuestas fiscales de sumar y sus diferencias con el PSOE
El partido liderado por Yolanda Díaz, que forma parte de la coalición gubernamental como socio minoritario, presentó una serie de propuestas para crear nuevos impuestos con el objetivo de incrementar la recaudación en su programa electoral de las elecciones de julio de 2023. Sin embargo, muy pocos de estos planteamientos se incluyeron en el acuerdo con el PSOE, que marca la dirección del Ejecutivo. A pesar de este documento, las diferencias fiscales entre ambas formaciones han quedado al descubierto rápidamente.
Una de las primeras discrepancias surgió en diciembre, cuando el sector socialista del gobierno modificó el gravamen temporal a las grandes energéticas sin contar con el apoyo de Sumar, añadiendo bonificaciones a algunas inversiones verdes a partir de enero de 2024. En enero, el partido de Yolanda Díaz lanzó su contraataque y pidió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nuevos impuestos no pactados, de cara a la negociación de los presupuestos.
Carlos Martín, diputado cercano a Díaz, propuso en la Comisión de Hacienda “un nuevo impuesto de solidaridad a las grandes herencias y donaciones”; eliminar la bonificación del IVA en la educación universitaria privada y crear un “impuesto inteligente” a la producción y distribución agroalimentaria. Estas dos primeras propuestas provienen directamente de su programa electoral.
El debate sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
El objetivo de estas medidas sería “evitar el dumping fiscal entre comunidades autónomas, siguiendo el ejemplo del Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas”. Sin embargo, tras salir de la comisión, María Jesús Montero se mostró sorprendida por la propuesta, afirmando que desconocía la medida y que no le gustaba pronunciarse sobre algo que no conocía. También indicó que dudaba de la "capacidad competencial", ya que “ese impuesto está cedido a las comunidades autónomas”, en referencia al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En el acuerdo de gobierno, tanto el PSOE como Sumar se comprometen a “avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza dentro del marco del modelo de financiación autonómica para eliminar la competencia fiscal desleal entre territorios”. De hecho, el Gobierno estableció en el octavo real decreto ley anticrisis que el impuesto a las grandes fortunas estará vigente hasta que se revise la tributación patrimonial en la reforma de la financiación autonómica, un asunto pendiente desde 2014.
Cabe recordar que el Impuesto de Patrimonio también está cedido a las comunidades, y lo que hizo el impuesto a las grandes fortunas vigente desde 2023 fue precisamente armonizar un tipo mínimo a nivel estatal para evitar vacíos en la tributación autonómica sobre el patrimonio. Hacienda justificó esta medida como una necesidad de pedir “un mayor esfuerzo a quienes más tienen, en un contexto de subida de precios por la guerra en Ucrania”, para financiar las ayudas contra la crisis, subvenciones que deberían desaparecer en 2024. Además, el Tribunal Constitucional avaló el gravamen impugnado por algunas comunidades, al entender que “es complementario” al Impuesto de Patrimonio, de modo que si se paga este, no se tributa por las grandes fortunas.
Impacto de las rebajas fiscales en sucesiones y donaciones
El PSOE y Sumar tendrán que exponer públicamente sus argumentos y exigencias sobre este asunto debido a una propuesta legislativa registrada por el PP. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha presentado una proposición de ley en el Senado para eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a nivel nacional, como ya han hecho en muchas de las regiones donde gobiernan. Esta norma será debatida en el pleno de la Cámara Alta en las próximas semanas, y se espera que, dada la mayoría absoluta del PP, se apruebe para luego ser discutida en el Congreso.
Este impuesto ha sido completamente bonificado en los últimos meses en varias comunidades autónomas, como Baleares, La Rioja, Valencia y Canarias, y también se ha reducido en otras como Aragón y Cantabria. Ya existían bonificaciones previas en Andalucía, Murcia y Madrid, donde el PP lleva años gobernando. En consecuencia, el Plan Presupuestario de 2024, publicado por el Gobierno en octubre, calcula que las comunidades autónomas dejarán de ingresar 297,4 millones de euros en 2024 debido a las rebajas fiscales en sucesiones y donaciones, tres veces más que en 2023. Este impuesto representó en 2021 el 20,3% de los ingresos tributarios de las regiones, cuando las bonificaciones eran mucho menores.
A nivel internacional, los impuestos sobre la riqueza, desvinculados de la imposición sobre la renta, no son muy comunes, de hecho, han ido siendo eliminados en las últimas décadas. Noruega, España y Suiza son los únicos países de la OCDE que actualmente recaudan impuestos sobre el patrimonio neto, aunque otros como Francia, Italia y los Países Bajos gravan el patrimonio inmobiliario y los activos financieros. Según el último informe de la OCDE sobre política fiscal (septiembre de 2023), Noruega endureció su impuesto de patrimonio en 2021 y 2022 para financiar las medidas de apoyo gubernamental relacionadas con la crisis energética y la inflación, una estrategia similar a la aplicada en España desde 2023.
